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Boletín de noticias 3 de mayo de 2012
EL TIEMPO
EL PLAN B PARA QUE PAREJAS GAY PUEDAN ADOPTAR
En C. Constitucional hace curso una nueva demanda contra la Ley de Infancia, que regula la adopción.
Mientras la Corte Constitucional define la tutela interpuesta por una pareja de lesbianas de Medellín, quienes buscan que el Bienestar Familiar les dé vía libre para adoptar, este mismo tribunal admitió una demanda contra la Ley de Infancia, que también tiene el mismo objetivo.
Se trata de una demanda de inconstitucionalidad, interpuesta por los ciudadanos Sergio Estrada Vélez, Karen Patricia Ramírez Arcila, Maria Camila Soto Moreno, David José Hernández Hoyos y Allan David Rodríguez contra la expresión "moral", del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006.
En este apartado de la ley se establece que quien puede adoptar "haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable, y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente".
Según la demanda, admitida en marzo pasado, la Corte Constitucional ya declaró exequible ese apartado en el 2001. Sin embargo, los demandantes aseguran que en dicho fallo se excluyó la posibilidad de que las parejas conformadas por personas del mismo sexo puedan adoptar y que la noción de familia de aquella época, cuando se tomó la decisión, "no corresponde a la actual".
Argumentan, también, que en el 2011 la Corte Constitucional aceptó la posibilidad de otro modelo de familia. "Es difícil entender que el único modelo de familia que quería proteger el constituyente era el derivado del matrimonio" y es necesario "interpretar el artículo 42 de manera amplia a efectos de aceptar otros modelos de familia", citan el comunicado de prensa que emitió el alto tribunal sobre esa decisión.
Además, aseguran que en la época cuando el alto tribunal tomó la decisión en 2001 no existían "nuevos estudios científicos elaborados por el Observatorio sobre Infancia del Centro de Estudios sociales de la Universidad Nacional" que, para los demandantes, dan cuenta de la transformación que ha tenido el tema.
Procuraduría, en desacuerdo
Lo concreto es que sobre esta demanda, que tendrá que resolver el magistrado Jorge Pretelt Chaljub, se acaba de pronunciar la Procucuraduría.
El Ministerio Público le acaba de enviar un concepto a la Corte Constitucional en la que le solicita que se declare inhibida porque ese tribunal ya se pronunció sobre lo mismo en el 2001 y por eso, en su criterio, ya es cosa juzgada. "La acción de constitucionalidad no puede perseguir que la Corte Constitucional fije políticas públicas o simplemente cambie de postura sobre un precedente que tiene fuerza de cosa juzgada", afirmó la Procuraduría.
Y agregó: "Los problemas de orfandad y, en general, las graves violaciones a los derechos de los niños en Colombia no se derivan ni podrían derivarse de que se exija la idoneidad moral de los adoptantes. Por el contrario (...) si se eliminara la expresión demandada del artículo 68, entonces obviamente deberá entenderse que todas las personas podrían adoptar independientemente de su conducta moral, lo cuál significaría desconocer el derecho a la integralidad moral de los niños, niñas y adolescentes y no resolvería, en forma alguna, los problemas de los niños en condiciones de adoptabilidad de nuestro país", señala el concepto de la Procuraduría.
CORTES ACEPTAN INVITACIÓN DE SANTOS PARA HABLAR DE REFORMA DE JUSTICIA
Corte Suprema y el Consejo de Estado dijeron que están atentos al debate así no estén participando.
El pronunciamiento se produjo a su regreso de Buenos Aires donde participaron en la Decimosexta Cumbre Iberoamericana de la Justicia en la que obtuvieron el respaldo de 23 países a la independencia judicial en cada uno de los estados miembros.
El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez, recordó que la invitación del Primer Mandatario ha sido mutua. "Nosotros ya habíamos convocado a los presidentes del Congreso y al Ejecutivo para que, como en toda democracia, escuchemos todas las voces frente al proyecto de reforma a la Justicia".
Según el magistrado Gómez, es necesario hacer una reforma de cara al país y con el consenso de todas las instituciones", y aseguró que muchos aspectos del proyecto, como el juzgamiento de los altos dignatarios del Estado pueden hacerse con medidas legales, sin necesidad de reformar la Constitución.
Lo que hay en este momento, agregó el Presidente del Consejo de Estado "es un reacomodamiento en el juzgamiento de los aforados pero a costa de la independencia y la autonomía de los jueces".
El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Javier Zapata, por su parte, se mostró contrario a la condición del Ejecutivo al Congreso de seguir apoyando el proyecto de reforma a cambio de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.
"No se pueden reformar las instituciones por escándalos, la Judicatura tiene un principio de garantía, independencia y autonomía que no se puede ignorar", indicó el magistrado Zapata.
La Corte Suprema está atenta a la forma como hace su curso el proyecto de reforma en el congreso y definirá una posición en los próximos días. Reconoció sin embargo, que no hay unanimidad al interior de ese tribunal sobre si se debe mantener al margen del debate o regresar a la discusión.
Declaración de independencia de la justicia
Los Poderes Judiciales de 23 países de la región, que se reunieron en la Cumbre Judicial Iberoamericana, firmaron una declaración de protección de la independencia judicial y exhortaron a las autoridades de los Estados a respetarla y protegerla.
En la declaración, firmada por los Presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos o Superiores de Justicia y de los Consejos de la Judicatura o Magistratura, se aprobó que "a pesar del alto grado de diversidad en los sistemas de gobierno de cada Estado, debe ser respetada y protegida la independencia de los poderes judiciales en sus competencias propias"
Agregan que "la independencia judicial es un derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del estado constitucional y democrático de derecho". Se proclama también que los otros poderes del Estado deben respetar la independencia de la judicatura y que los atentados a esta "han de ser sancionado por ley".
La XVI Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana está integrada por los Poderes Judiciales de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Reforma de la Justicia 'está en riesgo': Congreso
El proyecto de la reforma de la Justicia "está en riesgo" de hundirse, según coincidieron en afirmar varios legisladores, luego de advertir que el Gobierno volvió "punto de honor" la eliminación total del Consejo Superior de la Judicatura, lo que pone en riesgo el trámite de la iniciativa.
El presidente de la Comisión Primera del Senado, el liberal Luis Fernando Velasco, aseguró que el Ejecutivo lo que en el fondo busca es "sacar a los actuales magistrados" de esa alta corte.
"Lo que propone el Gobierno es acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y crear otro Consejo, lo que en otras palabras significa que lo que están buscando es sacar a los actuales magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, y digamos las cosas como son, no pongamos eufemismos, no están en contra de la institución sino de las personas", precisó Velasco.
Al tiempo que recordó que "el dueño de la reforma no es el Gobierno", porque en la iniciativa se acumularon iniciativas del Consejo de Estado y otras de origen parlamentario, Velasco confirmó que este jueves el presidente Juan Manuel Santos citó a las altas cortes y al Congreso para intentar destrabar el trámite de este proyecto de enmienda constitucional.
"En el momento en que el Gobierno diga que presenta inamovibles en los que el Congreso ha tenido diferencias, la reforma está en riesgo, pero me daría mucha tristeza que el proyecto se hundiera por un debate frente a tres funcionarios de la Rama Judicial y no frente al tema central que debe ser el de una justicia eficaz y propia", agregó el senador.
Esta postura la respaldó el Partido Conservador. El senador Hernán Andrade aseguró que "toda la reforma judicial está en peligro, porque hoy no tiene acuerdo con las altas cortes y ni con el mismo Gobierno".
Andrade agregó que "no todo lo que diga el Gobierno es obligación del Congreso acatarlo", refiriéndose a las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien pidió eliminar definitivamente la Judicatura para, eventualmente, no quitarle el respaldo al proyecto.
ASÍ CAYÓ LA RED QUE ROBABA A LA SALUD MEDIANTE RECOBROS EN LA GUAJIRA
El Secretario de la Salud del departamento y su hermana fueron capturados.
Una tutela por 576 millones de pesos, cobrada por una mujer muerta, terminó por delatar a una organización criminal que alcanzó a defraudar al sistema de salud en cuantía de casi 6 mil millones de pesos.
Según la Dijín, en la red estaba el secretario de Salud de La Guajira, Camilo Chirino, y su hermana. Ellos, dice el expediente, lograron tener éxito en el primer pago y desde entonces empezaron a tramitar 7 recobros más, sustentados con documentos falsos. Los dos fueron capturados.
Fuentes de la Policía señalaron que John Alexánder Fajardo y Giovanny Rojas eran claves en la organización, al tener los contactos en Fidufosyga y Minprotección. Recibieron casi mil millones de pesos por su mediación.
Con una orden de un fiscal anticorrupción, los investigadores allanaron la IPS Previsanar, en el norte de Bogotá, en donde se buscan nuevos recobros irregulares.
Este es otro de los golpes del grupo interinstitucional de lucha contra la corrupción. Carlos Fernando Galán, secretario para la Transparencia de la Presidencia, dijo que los siete implicados, capturados con trampas, "lograron hacer cobros por 5.600 millones de pesos".
Renunció el director de Caprecom
Detrás de la renuncia de Juan Carlos Botero a la dirección de la EPS Caprecom, cargo al que llegó hace apenas dos meses, estaría la difícil crisis financiera de la entidad y las presiones políticas.
"Tuvo obstáculos para nombrar a los cuadros directivos. Al menos 11 de ellos son cuotas políticas de Roy Barreras", dijo Esperanza Reyes, presidenta de la junta directiva de Sintracaprecom.
PROYECTO DE PENSIÓN DE GRACIA A MAESTROS NACIONALES VUELVE AL CONGRESO
La iniciativa deberá corregir errores en su trámite, decidió la Corte Constitucional.
Lo anterior, tras examinar las objeciones que hizo el Presidente de la República a la iniciativa, aprobada por los legisladores hace dos años.
El Congreso debe validar la norma en una votación nominal, indicó la Corte en su decisión tras ordenar la devolución del proyecto al Congreso.
La Corte aclaró que el proyecto no se declaró inconstitucional porque el error encontrado se puede subsanar.
El proyecto de ley busca que la pensión de gracia, que fue instituida en 1913 para compensar los sueldos de los maestros de los municipios y departamentos, sea entregada a docentes contratados por la Nación vinculados a hasta el 31 de diciembre de 1980.
La norma, según uno de sus gestores, el senador Jorge Guevara, cobija a un grupo limitado de casi 2 mil maestros y le costaría a la Nación 1,8 billones de pesos.
REVISTA PORTAFOLIO
CONGRESO APROBÓ CONCILIACIÓN DE REGALÍAS
Tras un extenso debate, el Congreso de la República votó 56 votos a favor contra 12 negativos.
Este venía desde la legislatura pasada y era tildada del retraso que tenía la ejecución de estos recursos en el 2012.
Al final, en ambas cámaras le dieron el sí al que es considerado por el Gobierno nacional una de las reformas más importantes para lograr las metas de reducción de pobreza y fortalecimiento del desarrollo.
La reglamentación de las regalías establece las reglas de juego para que estos recursos, que representan 9,1 billones de pesos en el 2012, sean repartidos de manera más equitativa en todo el país, a diferencia de como se hacía hasta ahora, que solo eran destinados a temas específicos en los departamentos y municipios productores de petróleo y minería.
Ahora, cinco fondos repartirán las regalías y las regiones que venían recibiendo regalías directas seguirán disfrutando de ese privilegio que se irá desmontando demanera paulatina, hasta destinar solo un 20 por ciento en este sentido, hacia el 2015.
Por lo pronto, ninguna región productora recibirá menos del 50 por ciento de lo que tenía en el 2010.
El senador Luis Guillermo Mora destacó que, entre los cambios que se introdujeron en la conciliación, se destaca la asignación de un 10 por ciento de los dineros, para los municipios de 4, 5 y 6 categoría, que son los más pobres del país y que, según había alertado la Federación de municipios antes de la votación de la conciliación, estaban quedando con pocos recursos.
También se destaca que otro de los fondos creados en la reforma, el de Pensiones territoriales, tuvo un cambio en la conciliación.
Así lo explicó Mora: “Cuando tengan ahorrado hasta el 125 por ciento de su pasivo pensional, el ahorro que hace el departamento a través del Fonpet podrá utilizarse para inversión”.
"Hemos actuado con seriedad, responsabilidad y compromiso frente al país y en atención a los requerimientos hechos por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos; en el Senado se realizó un gran trabajo para brindar un conjunto de nuevas herramientas jurídicas que, basadas en una mayor equidad y mejor redistribución, harán posible combatir la pobreza y elevar los niveles de bienestar colectivo", dijo el Senador José Name Cardozo.
El proyecto queda listo para firma del presidente y de inmediato dejará sin piso el decreto que se había emitido para repartir las regalías en el país, pero que finalmente no fue utilizado pues, según dijo el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, prefirieron esperar que el Congreso le diera la venia a la iniciativa de distribuir las regalías con más equidad, que es lo que pretende la reforma.
“Ahora, hay que esperar cómo se ejecuta lo aprobado en el proyecto”, concluyó Mora.
ÓRGANOS DE DECISIÓN
A diferencia del antiguo Fondo Nacional de Regalías, que se encargaba del manejo de estos recursos, con la reglamentación de la reforma a las regalías se crea una comisión rectora que es el principal órgano de decisión del Sistema Nacional de Regalías.
En esta instancia tendrán asiento Planeación Nacional, los ministerios de Hacienda y Minas, dos gobernadores y dos alcaldes. Por su parte, un integrante del Senado y uno de la Cámara tendrán voz pero no voto en la Comisión rectora.
También se crean cuerpos colegiados que se encargarán de definir cuáles son los proyectos de iversión que se van a financiar con las regalías.
En este aspecto, con la conciliación se aprobó que los estudiantes de universidades serán apoyo a la formulación de proyectos, especialmente los relacionados con recursos para invertir en ciencia y tecnología.
Para corregir el problema de corrupción que se presentó en años anteriores con estos recursos, se definió que habrá un sistema de vigilancia, control y seguimiento.
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EL ESPECTADOR
CONGRESO INSISTE EN MANTENER VIVO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
A su llegada a la 'cumbre' de poderes en la Casa de Nariño, así lo hizo saber el senador Juan Manuel Corzo.
El presidente Juan Manuel Santos intenta salvar la reforma a la justicia que está en trámite en el Congreso de la República en sexto de ocho debates.
En la Casa de Nariño se desarrolla una 'Cumbre' de poderes, donde participan el Jefe de Estado, las Altas Cortes y los ponentes del proyecto de acto legislativo en el Senado.
A su llegada al Palacio Presidencial, el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, insistió en mantener vivo el Consejo Superior de la Judicatura.
Dijo que no está de acuerdo con eliminar ese alto tribunal, como lo pidió el Gobierno Nacional desde el pasado lunes.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, amenazó con retirar el apoyo del Gobierno a la reforma si no se elimina el Consejo "en su totalidad".
Sin embargo, poca acogida ha tenido ese 'punto de honor' del Ejecutivo pues el Senado quiere mantener viva la sala disciplinaria de dicho tribunal.
De hecho, la mayoría de los senadores le han recordado a Esguerra que la reforma es del país y no del Gobierno.
Por eso, sigue latente el riesgo de hundimiento de la reforma que se había tramitado con éxito hasta el momento.
CORTE ESTUDIARÁ CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FOTOMULTAS
La ponencia considera que es una herramienta efectiva para sancionar a los infractores de tránsito.
Al considerar que su implementación y uso no desconoce los principios constitucionales, una ponencia de la Corte Constitucional busca mantener la existencia y ulización de las llamadas fotomultas en todo el país.
La ponencia presentada indica que la imposición de comparendos basados en muestras de video debe seguir aplicándose al considerar que es una herramienta efectiva a la hora de sancionar a las personas que violen las normas de tránsito.
El alto tribunal estudiará la viabilidad y efectividad del los comparendos electrónicos, revisando los argumentos expresados en una acción judicial en la que se manifiesta que existen irregularidades en su aplicación que permite la imposición de las multas a los dueños de los vehículos infractores.
En la acción presentada se señal que la responsabilidad de la sanción no siempre debe asumirla el propietario del carro o moto.
En la próxima Sala la Corporación entrará a estudiar los términos de fondo del proyecto implementado en el Plan de Desarrollo y decidir si da el visto bueno a los comparendos electrónicos o si tumba las llamadas fotomultas.
DÉFICIT EN HOSPITALES DISTRITALES SUPERÓ LOS $235 MIL MILLONES EN 2011
Un informe de la grave crisis financiera por la que atraviesan los hospitales de la red pública distrital, y que fue conocido por Caracol Radio, revela cifras preocupantes. El déficit del año pasado superó los 235 mil millones de pesos.
El informe indica que el hospital de Meissen es el más afectado financieramente con un hueco de $41 mil millones, seguido de Santa Clara con $29 mil millones, Kennedy con $28 mil millones, Tunal con $23 mil millones, Suba con $22 mil millones y Simón Bolívar con $20 mil millones.
Solo siete de los 22 hospitales de Bogotá se salvaron de las pérdidas al cierre del 2011: San Cristóbal, Usme, Chapinero, Pablo Sexto, Vista Hermosa, Nazareth y Usaquén.
En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que se necesitan de manera urgente 150 mil millones de pesos para "balancear" financieramente 11 hospitales del distrito que están en la peor situación económica.
Jaramillo pidió a la ministra de Salud, Beatriz Londoño, tomar decisiones de fondo porque el sistema de salud "va a terminar en una quiebra total".
“La crisis por la falta de flujo de recursos es una cadena que afecta a todos los actores del sistema perjudicando principalmente a los pacientes y a profesionales de la salud. Las EPS del régimen subsidiado deben más de 250 mil millones de pesos a la red hospitalaria pública de Bogotá. Es urgente que el Gobierno piense en fórmulas para salvar el sistema de salud como las que aplicó el expresidente Andrés Pastrana para evitar la quiebra del sector financiero durante su administración, a través del impuesto del 2 por mil”, señaló Jaramillo a esa emisora radial.
De acuerdo al informe, conocido por Caracol Radio, el hospital El Tunal podría enfrentar procesos judiciales o demandas por unos 40 mil millones de pesos que presentaron hace varios años proveedores de bienes y servicios afectados por las deudas que dejó la clínica Fray Bartolomé.
Ranking de hospitales con mayor déficit financiero
Meissen $41.537 millones
Santa Clara $29.620 millones
Kennedy $28.142 millones
El Tunal $23.745 millones
Suba $22.386 millones
Simón Bolívar $20.612 millones
Engativá $19.199 millones
La Victoria $15.505 millones
Hospital del Sur $8.678 millones
San Blas $8.327 millones
Fontibón $6.660 millones
Bosa $3.103 millones
Rafael Uribe $2.945 millones
Centro Oriente $2.861 millones
Tunjuelito $1.719 millones
PROPONEN REVOCAR FALLO QUE ANULÓ ELECCIÓN DE MARTHA L. RAMÍREZ COMO SENADORA
Según la ponencia presentada ante el Consejo de Estado la exministra no violó el régimen de inhabilidades.
Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional se presentó una ponencia en la que se le solicita al Consejo de Estado que revoque el fallo que anuló la elección de Marta Lucia Ramírez como congresista de la República.
El proyecto del fallo pide que se mantenga la decisión a través de la cual se le mantuvo la investidura parlamentaria, en momentos en los que aspiraba a la Presidencia de la República.
La Sección Quinta del Consejo de Estado había anulado la elección de la exministra de Defensa como senadora en el año 2009, al considerar que había quedado inhabilitada para ocupar la curul que obtuvo, luego de celebrar un contrato con la Nación para la promoción del Tratado de Libre Comerciodentro de los seis meses previos a la contienda electoral de 2006, en la cual aspiraba a la legislatura.
Por los mismos hechos fue demandada su investidura, en momentos en los que había inscrito su nombre para aspirar a la Presidencia de la República; la acción buscaba que se le sancionara con la inhabilidad permanente para ocupar cargos de elección popular, en vista de que la Sección Quinta había concluido que la dirigente había violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Sin embargo, la Sala Plena del alto tribunal contradijo el fallo y consideró que no había razones para sancionar a Ramírez, luego de una apretada discusión que obligó al nombramiento de dos conjueces; esta decisión le permitió a la excongresista continuar con sus aspiraciones políticas, tras el rechazo a la demanda de pérdida de investidura.
El accionante, al ver la disparidad en los conceptos de una misma colegiatura interpuso una acción de tutela que fue negada y que fue escogida para revisión por parte de la Corte Constitucional. El ponente considera que la tesis válida fue la aplicada por la Sala Plena y no la de la Sección Quinta, por cuanto se le debe confirmar la investidura y revocar la sentencia a través de la cual se declaró nula su elección como senadora.
Se espera que en los próximos días el tribunal de lo contencioso administrativo presente una decisión sobre este tema.
CONGRESO APRUEBA 'LICENCIA' A MAGISTRADO IMPLICADO EN CARRUSEL DE PENSIONES
Henry Villarraga tendrá ese permiso por tres meses “no remunerados” para defenderse del proceso fiscal ante la Contraloría.
El magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga.
Las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aceptaron la solicitud hecha por el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga Oliveros.
La petición del togado había sido presentada con el fin de recibir una licencia "no remunerada" por un espacio de tres meses.
En ese periodo de tiempo el magistrado se dedicará a defenderse del proceso que se lleva en su contra en investigación preliminar por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.
“La licencia no remunerada fue solicitada por el doctor Henry Villarraga Oliveros, para dedicarse a su defensa en los procesos citados y evidenciar la transparencia con la que siempre ha actuado como servidor público, la cual espera demostrar ante las autoridades competentes”, precisa un comunicado del Consejo emitido la semana anterior.
En su petición el magistrado advierte que no quiere “dejar manto de duda sobre algún acto que pueda supuestamente generar entorpecimiento” en las investigaciones que se llevan a cabo tanto en la Comisión de Investigación y Acusación como en la Contraloría General.
CONGRESO ADMITE RIESGO DE HUNDIMIENTO DE REFORMA A LA JUSTICIA
Senadores dicen que el Gobierno no puede tener inamovibles en la discusión sobre el Consejo Superior de la Judicatura.
El Congreso de la República admitió este miércoles que está latente el riesgo de hundimiento la reforma a la justicia que está en trámite en la plenaria del Senado en sexto debate.
Luego de la amenaza del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, de retirar el apoyo del Gobierno a la reforma si no se elimina el Consejo Superior de la Judicatura, el presidente de la comisión primera del Senado, Luis Fernando Velasco Chaves, dijo que “el dueño de la reforma no es el Gobierno, es el país”.
“El elemento para decidir esta reforma se hunde o se mantiene no es si permanecen unos magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura en la rama disciplinaria, sino si realmente la reforma sirve o no para el país”, aseguró.
En ese sentido, Velasco llamó a Esguerra a que abra el debate acerca de la conveniencia de que continúen unas personas que están cuestionadas por unas investigaciones fiscales ante la Contraloría, en vez de direccionar de esta manera el debate de las instituciones en la reforma.
Igualmente, Velasco dijo que “en un momento en que el Gobierno diga que presenta inamovibles en donde el Congreso tiene diferencias pues claro que la reforma está en riesgo (…) me daría tristeza que la reforma se hunda frente a un debate de tres funcionarios de la rama judicial y no sobre cómo hacer una justicia más eficaz y pronta”.
A su turno, el senador Hernán Francisco Andrade Serrano, dijo que “no todo lo que diga el Gobierno es obligación del Congreso acatarlo”.
“Creo que está en peligro toda la reforma porque el punto de disenso no es el Consejo Superior de la Judicatura (…) esta es una reforma que no tiene acuerdo con las Altas Cortes ni con el Gobierno”, aseguró.
La amenaza de Esguerra
El lunes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, reiteró que la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura es un tema en el cual el Gobierno se mantiene firme dentro de la discusión del Proyecto de reforma constitucional a la justicia.
“El Gobierno está absolutamente convencido, lo estuvo desde el comienzo y lo está ahora más todavía de la necesidad de reemplazar un Consejo de la Judicatura que ha resultado ineficiente, que ha resultado muy inferior a las expectativas y que le ha dado tan malas noticias a los colombianos a lo largo de los años, pero sobretodo en los últimos tiempos. Es necesario que allí se efectúe una re-ingeniería gruesa”, aseguró.
Sobre las fórmulas propuestas para sustituir el Consejo Superior de la Judicatura, Esguerra advirtió que el reemplazo está planteado desde el lado administrativo y desde el lado disciplinario.
Sobre el primero hizo claridad, “una Sala de Gobierno que estaría compuesta por los Presidentes de las Cortes, unos delegados suyos que deben ser conocedores y expertos en temas de administración y en temas gerenciales, unos delegados también de los magistrados del tribunal de los jueces que no tienen hoy día, de los empleados judiciales, ese órgano o gran Sala de Gobierno debe hacer las veces de una junta directiva y luego un muy grueso aparato gerencial, a cargo de un gerente para que maneje mecanismos e instrumentos gerenciales como corresponde a la rama judicial. No podemos dejar seguir eso funcionando con una construcción propia de un tribunal pero naturalmente y absolutamente inadecuada desde el punto de vista de una gerencia”.
En lo concerniente a la Sala disciplinaria, el Ministro puntualizó “en su reemplazo se presenta un consejo disciplinario que estaría integrado por cinco miembros, que pensamos que es un número suficiente, y que tendría a su cargo el control de carácter disciplinario de los jueces de la República fundamentalmente. En el caso de los funcionarios, los empleados judiciales, en principio la idea es que ese control lo tendría a cargo la Procuraduría General de la Nación. Respecto a los abogados la fórmula podría ser que ello se hiciera por parte de un gran Colegio Nacional de Abogados que hoy no existe, o por unos colegios que aun no están suficientemente reglamentados”.
Esguerra Portocarrero finalmente reafirmó su posición sobre la conveniencia de la eliminación del Consejo Superior: “Son puntos que el Gobierno considera absolutamente fundamentales, de la esencia de la reforma”.
PIDEN REVISAR VOTACIÓN DEL PROYECTO QUE BUSCA PENSIÓN DE GRACIA PARA MAESTROS
Según el Gobierno este proyecto tiene un costo de 8,8 billones pesos, por lo cual ha presentado varias objeciones.
Por vicios de procedimiento, la Sala Plena de la Corte Constitucional devolvió al Congreso de la República el proyecto que buscaba autorizar la pensión gracia para maestros
En su decisión, el alto tribunal aceptó la objeción de trámite presentada por el Gobienro para sancionar la Ley, debido a que había sido aprobada por una votación secreta y no nominal.
Hecho ante lo cual, el Congreso de la República para que subsane ducho vicio con el fin de que repita la votación de manera nominal para luego hacer la votación con el fin de ser aprobada.
Esta decisión no implica que la Corte considere que el proyecto se ajuste o no a la Constitución.
Este proyecto registró hace un año un serio debate en el Congreso, puesto que el Ministerio de Hacienda que consideraba que el costo de 8,8 billones de pesos en lo que se tasaron las pensiones afectarían los intereses de la Nación.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, porque, según sus cuentas, el costo económico de esta iniciativa es impagable.
Sin embargo, el senador Luis Carlos Avellaneda manifestó en su momento que dichas pensiones beneficiarían 7.000 maestros, cuyo costo sería de 776.000 millones de pesos en 10 años, teniendo en cuenta que la pensión no es vitalicia y se le otorga a los maestros que se vincularon antes del 31 de diciembre de 1980.
“Hay maestros que trabajan en un mismo colegio, ejercen la misma función, pero unos lograron la pensión y otros no, porque un fallo del Consejo de Estado, en 1997, dijo que esa norma sólo era aplicable a los educadores nacionalizados (los que trabajaron en departamentos, municipios y distritos)”, precisó el congresista.
POR EL DERECHO A ESTAR INFORMADOS
Por: Elisabeth Ungar Bleier
El pasado 25 de abril el Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley estatutaria que reglamenta el derecho de acceso a la información.
Contrario a lo que han afirmado algunos periodistas, el propósito de la ley no es recortar derechos constitucionales al libre acceso a la información, sino ampliarlo y garantizarlo. El objetivo es combatir la cultura del secreto, de la opacidad y del manejo de la información pública como si fuera patrimonio de unos cuantos servidores públicos.
Además de una gran dispersión y desactualización normativa, Colombia está a la zaga frente a los estándares internacionales. Por ejemplo, la legislación existente no reconoce la autonomía del derecho de acceso a la información como derecho fundamental y no consagra la tutela cuando un funcionario niega el acceso a información pública por considerarla reservada (lo que sucede con mucha frecuencia, caso en el que se debe acudir al no muy eficaz recurso de insistencia).
El proyecto contempla un listado de sujetos obligados que no se restringe a las entidades estatales, pues la transparencia se debe aplicar a todo el que cumple funciones de autoridad, en nombre del Estado o al servicio de éste, incluso si se trata de una persona privada. De otra parte, expresamente se excluyó el ejercicio periodístico de esta obligación, por lo que las autoridades no podrán “meterse en los papeles de la prensa”.
Pero, ¿qué valor tiene una ley como la que se está discutiendo sin un órgano garante? Experiencias de países pioneros en la materia, como México y Chile, y la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, prevén la creación de un ente independiente y autónomo, encargado de implementar, promover, fiscalizar y garantizar el cumplimiento del derecho, como piedra angular del mismo. Sin éste, el pleno ejercicio de la libertad informativa y del derecho correlativo a ella corren graves riesgos.
El proyecto propone a la Procuraduría General como órgano garante del derecho de acceso a la información pública, lo que ha generado polémica entre algunos periodistas. Esta propuesta se basó en un análisis de las ventajas y desventajas de la institución, no de su actual representante. Actualmente, la Procuraduría ya cumple constitucionalmente funciones preventivas de garante de los derechos humanos, y vigila la conducta de funcionarios públicos y privados en ejercicio de funciones públicas con competencia nacional y representación regional.
La iniciativa legislativa propone que, por ejemplo, si un ciudadano no está satisfecho con la negativa a entregar información pública por parte de un funcionario, pueda pedirle a la Procuraduría que defina quién tiene la razón, pero también pueda solicitar simultáneamente a un juez que lo haga. Esto quiere decir que el ciudadano podrá interponer la tutela, pero también cuestionar la decisión de la Procuraduría ante un juez administrativo, lo que garantiza el pleno ejercicio del derecho.
Si se decide que la Procuraduría no es la entidad idónea para cumplir esta función, se debe pensar en otra alternativa. Porque sin órgano garante, el derecho de acceso a la información se convertirá en un saludo a la bandera.
DEMENCIAL DESCALABRO CONSTITUCIONAL
Por: Gustavo Gallón
Suponga que usted es extranjero y le ofrecen la nacionalidad colombiana. En los papeles de nacionalización usted alcanza a distinguir tres cláusulas en letra menuda que dicen así:
1. Usted acepta que si algún miembro de su familia o usted mismo es víctima de homicidio, violencia sexual, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado o cualquier otra violación de derechos humanos o infracción al derecho humanitario cometida por un soldado o un policía, usted no podrá reclamar ante los jueces ordinarios. La jurisdicción militar será la encargada de estudiar esos comportamientos, conforme a una ley estatutaria que indicará cuándo tales conductas no serán consideradas actos propios del servicio a cargo de la fuerza pública.
2. Igualmente, usted acepta que el Gobierno renuncie a la persecución judicial penal de tales delitos cuando sean cometidos por guerrilleros o paramilitares que celebren acuerdos de paz, o por los mismos miembros de la fuerza pública. Como consuelo, su caso podrá ser eventualmente reseñado en un informe de una Comisión de la Verdad que se creará para el efecto.
3. También acepta usted que los miembros de su familia o usted mismo puedan ser encarcelados sin orden judicial, en cualquier momento, hasta por 72 horas, por decisión de cualquier policía, soldado o funcionario del Gobierno.
Si tiene objeciones a lo anterior, como decir que no le merecen confianza los tribunales militares por ser ellos juez y parte, le responderán que no se preocupe porque estadísticamente es baja la probabilidad de que usted sea víctima de violaciones por la fuerza pública. En los últimos diez años, apenas unos dos mil civiles han sido asesinados por militares y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. Son “casos aislados”.
Si usted dice que le da miedo que los guerrilleros o los paramilitares lo ataquen, le dirán que tampoco se preocupe, porque el presidente tiene la llave de la paz con los primeros, y que los segundos ya no existen, porque el Gobierno les cambió su nombre por el de “bacrim”.
Y si teme ser encarcelado sin orden judicial, le dirán que es porque algo debe. No importa que usted alegue que la prohibición de arrestar a cualquier persona sin orden judicial fue uno de los temas de mayor consenso en la Constitución de 1991 para superar el estado de barbarie que existía en la anterior Constitución, que autorizaba por el contrario al gobierno a retener hasta por diez días a quienes considerara sospechosos.
Si, en fin, usted pregunta por qué a los criminales los favorecen con medidas de impunidad mientras que a las personas comunes las pueden encarcelar cuando el gobierno quiera, le dirán… ¿Qué le dirán?
Estas tres cláusulas están siendo introducidas actualmente a la Constitución en el Congreso. ¿Aceptaría usted la nacionalidad colombiana en tales condiciones?
* Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.
EL NUEVO SIGLO
SANTOS Y ALTAS CORTES SALVARÍAN REFORMA JUDICIAL
El gobierno contempla la posibilidad de que se logre un consenso sobre los temas que durante meses han venido alejando al Ejecutivo, hoy en la casa de Nariño se realizará la reunión que definirá si el Gobierno retira o no el apoyo a la reforma.
A menos de una semana de que se debata en sexto debate de los ocho de la reforma judicial en el Congreso, el rechazo por la iniciativa fue reiterado ayer por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia Javier Zapata, Consejo de Estado Gustavo Gómez y Consejo Superior de la Judicatura Ricardo Monroy.
Los magistrados insistieron en la necesidad de reconsiderar la conveniencia de desmontar los controles que tiene el Legislativo, así como la eliminación del máximo tribunal de la Rama.
Los juristas destacaron la declaración proferida tras la cumbre judicial iberoamericana en el sentido de que los Estados miembros debían respetar y proteger la independencia de los poderes judiciales en sus propias competencias, puesto que ''este valor es consustancial al sistema democrático de gobierno''.
El magistrado Gómez ha sostenido que la reforma afecta la independencia judicial y libertad de las Cortes, por lo cual se estudiará la posibilidad de pedir un acompañamiento internacional ante lo que se considera un “atentado a la Constitución”.
En diciembre, el procurador Alejandro Ordóñez, la entonces fiscal Viviane Morales y los magistrados Camilo Tarquino y Mauricio Fajardo, que entonces presidían la Corte Suprema y el Consejo de Estado, firmaron una carta dirigida al presidente Santos pidiéndole su “urgente, oportuna y directa intervención” para “evitar que se puedan afectar, de manera grave, la estructura y el funcionamiento del Estado en Colombia”.
Por esos días hacía carrera entre los magistrados la idea de que los presidentes de las altas Cortes le pidieran oficialmente a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva que programe una visita a nuestro país para conocer de primera mano la situación que aún hoy ellos califican de crítica y desinstitucionalizadora.
Como se sabe, no sería la primera vez que la relatora Knaul pondría los ojos sobre Colombia. Lo hizo tiempo atrás en medio de los ataques del gobierno de Álvaro Uribe a la Corte Suprema de Justicia por cuenta del proceso de la parapolítica. Y cómo se está presumiendo una revancha por la misma razón, pues las puertas de esa solicitud están abiertas.
PIDEN REVISAR VOTACIÓN DE PROYECTO PENSIONAL
Por vicios procedimentales, la Sala Plena de la Corte Constitucional regresó al Congreso la iniciativa que tiene como fin autorizar una pensión de gracia para los docentes del país.
El Gobierno Nacional ha señalado además que dicho proyecto tiene un costo de 8,8 billones de pesos, lo cual ha sido objeto de críticas.
Por haber sido aprobada la iniciativa mediante votación secreta, cuando debía ser nominal, el alto tribunal aceptó la objeción que el Gobierno hizo sobre el trámite de la misma.
Por esto, el Congreso debe repetir la votación, esta vez de forma nominal, para superar el vicio de procedimiento que señaló la Corte.
Hace un año se libró en el Senado un enconado debate sobre este mismo proyecto de ley, ya que el Ministerio de Hacienda consideró en el momento que su alto costo (8,8 billones de pesos) afectarían los intereses del país.
Según Juan Carlos Echeverry, jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público, el valor de dicha iniciativa es impagable.
REVISTA SEMANA
LOS MOTIVOS DE LA ACADEMIA QUE RESPALDAN LA ADOPCIÓN POR PAREJAS HOMOSEXUALES
Cuatro de las principales universidades del país elaboraron varios documentos en los que concluyen que las parejas de homosexuales no presentan ningún obstáculo psicológico o científico para ejercer una paternidad responsable.
La tutela interpuesta por una pareja de lesbianas de Medellín que busca el derecho de la adopción de la hija biológica de una de ellas, abrió en el país la discusión sobre la adopción por parte de parejas homoparentales.
En medio del debate que avanza en el país, la Corte Constitucional, quien se encuentra estudiando el caso, le pidió a la Universidad Javeriana, a Los Andes, a la Universidad Nacional de Colombia y a la Universidad del Valle que emitieran sus conceptos en base de la psicología y en revisiones científicas sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
En todos los informes, presentados este miércoles, los centros académicos coincidieron en afirmar que no existe evidencia que sugiera que las mujeres lesbianas o los hombres gay no puedan ser padres "o que el desarrollo psicosocial de sus hijos esté comprometido en relación con la identidad sexual de sus padres en comparación con aquellos hijos de heterosexuales".
En ninguno de los estudios se encuentra que los hijos de homosexuales estén en desventaja con respecto a hijos de padres heterosexuales. De hecho, los escritos sugieren que el ambiente familiar que proveen los padres gays y lesbianas es tan bueno como el que proveen los padres heterosexuales en cuanto al apoyo y el crecimiento psicosocial de sus hijos.
"Mismas condiciones que los heterosexuales"
La Universidad Nacional, basa su estudio en la Asociación Americana de Psicología, (APA por sus siglas en inglés) y reconoce que no existe evidencia científica acerca de la relación entre orientación sexual de las madres y los padres y la capacidad de maternaje y paternaje. "Las madres lesbianas y los padres gays están en las mismas condiciones que las madres y padres heterosexuales de proporcionar apoyo y ambientes saludables".
Igualmente concluye que la dinámica familiar de las parejas homosexuales ofrece un modelo más igualitario en el aprendizaje de los roles de género que la dinámica familiar de parejas heterosexuales con menores a cargo. Las hijas o hijos de padres gay o madres lesbianas están más preparados para asumir la flexibilidad en los roles de género que exige la sociedad actual, así como las futuras funciones parentales y deciden optar por ellas.
"Los niños tienen el mismo amor y el mismo afecto"
En las conclusiones que se desprenden de los estudios, también se acuerda que no hay diferencias entre los niños criados por padres homosexuales, y consideran que "no existe ninguna razón científica para oponerse a priori a la adopción por parte de las parejas homosexuales".
La Universidad Javeriana, se centra en explicar que lo que define a una familia son sus funciones y no las personas que la componen, debido a las múltiples transformaciones que esta ha sufrido, pasando de las que son constituidas por una pareja de sexo opuesto, a las familias con predominancia femenina, hasta las familias que se organizan de manera diversa con parejas del mismo sexo.
Desde ese punto de vista el afecto y la protección, no dependen de quienes conforman la familia sino del ambiente que exista en el seno de cada una de ellas.
"Los hijos de homosexuales son mayoritariamente heterosexuales"
Otro de los puntos del debate, es si el hecho de que un niño sea adoptado por una pareja del mismo sexo influye en la decisión que tome el menor sobre su vida sexual. La universidad de los Andes resalta que “la investigación empírica de alta calidad muestra que los hijos de las parejas lesbianas, gay y bisexuales no solo no presentan déficits en el desarrollo, sino que su identidad sexual es mayoritariamente heterosexual”.
El estudio de este centro, también expone que la homosexualidad no constituye un factor que explique diferencias psicosociales entre las personas. "Los retos de la familia contemporánea de cara al desarrollo de una identidad acorde con los tiempos implican que los padres desarrollen roles de género parentales mucho menos estereotipados y diferenciados".
En ese mismo sentido, la Universidad del Valle, indica que en la psicología existe "la suficiente confianza para afirmar que nada en las parejas homoparentales se constituye en un obstáculo evidente para llevar a cabo una paternidad responsable y que la identidad sexual de aquellos criados bajo su amparo no estará marcada de manera lineal por la de sus padres".
MEDELLÍN Y MAYA VILLAZÓN A LA CONSTITUCIONAL?
Hasta el viernes de esta semana están abiertas las inscripciones para quienes quieran ocupar el cargo de magistrado de la Corte Constitucional que dejó vacante Juan Carlos Henao, ahora rector de la Universidad Externado.
Entre las noticias de los posibles inscritos está:
1. Qué se va a inscribir el exministro Carlos Medellín, quien no solo sería respaldado por su trayectoria sino también por el ministro Germán Vargas.
2. Que el exprocurador Edgardo Maya había pensado en postularse, pero en vista de que su esposa, Adriana Guillén, fue elegida como remplazo temporal de Henao, no le pareció pertinente su candidatura.
CMI
'CUMBRE DE PODERES' SOBRE PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA SE REALIZA EN PRESIDENCIA
'Puede haber diferencias, que cada uno defienda sus fueros eso es parte de una discusión normal en cualquier democracia'.
Desde las 8:30 de la mañana se realiza una cumbre entre el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, los presidentes del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, de las Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata y el Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, el fiscal Luis Eduardo Montealegre, los presidentes de la Cámara Simón Gaviria, el Senado, Juan Manuel Corzo, el ministro del Interior Germán Vargas y de Justicia Juan Carlos Esguerra.
El objetivo de esta reunión es avanzar en la discusión para buscar armonía entre los poderes para tener una democracia efectiva dentro de la reforma a la justicia que ya entra a sexto de debate en el Senado y solo le faltan dos debates para que sea aprobada.
El presidente Santos había expresado al inicio de esta semana que le preocupa que entorno a la reforma a la justicia se estén presentando acusaciones de un poder a otro; lo que trae sinsabores y consecuencias negativas.
"Puede haber diferencias, que cada uno defienda sus fueros eso es parte de una discusión normal en cualquier democracia. Esas discusiones enriquecen la democracia, la hacen cada vez más compatible y por eso son bienvenidas esas discusiones, pero siempre dentro de un ánimo de respeto mutuo".
En esta cumbre se tratará de buscar que esa reforma permita exponer los puntos de vista y tratar de buscar la mejor reforma posible.
El Presidente señalaba que esta reforma "no es la panacea, no es lo que va salvar a la justicia colombiana, lo que va arreglar todos los problemas, pero que bien encaminada puede ser un paso adicional dentro de muchos que se tienen que dar para una justicia más pronta", puntualizó.
El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo insiste en no acabar el Consejo Superior de la Judicatura como lo pidió el Gobierno desde el pasado lunes, esta aclaración la hace el congresista porque el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que el gobierno reiraría el apoyo a la reforma si no se elimina el Consejo "en su totalidad".
La tensiones que se presentan en torno a esta reforma, la tienen en riesgo de hundirse en el congreso de la republica, por esta razón se hizo indispensable la intervención del mismo presidente Juan Manuel Santos.